Sala exige al gobierno cumplir con la ONU

Pide respetar los Derechos Humanos

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Milagro Sala, líder de la Organización Barrial Tupac Amaru y parlamentaria del Mercosur, se encuentra detenida hace casi 300 días en Jujuy. Está procesada por malversar fondos destinados por la Nación para la construcción de viviendas sociales. También se encuentra imputada por asociación ilícita y extorsión.

En el marco del acampe que se realiza en Plaza de Mayo, la referente de la Organización habló el sábado desde el penal de Alto Comedero. Repudió las amenazas que hubo el viernes en la sede porteña de la Tupac Amaru, en las que se culpó al gobierno de Macri por haber reprimido a tres hombres en el barrio Monserrat durante la movilización de las CTA a Plaza de Mayo en pos de su liberación. La organización solicitó “el inmediato esclarecimiento del hecho”, debido a que se denunciaron tareas de inteligencia previas al ataque. En un diálogo con Página 12, Sala le reclamó al Gobierno Nacional cumplir con la resolución de la ONU. “Estoy al tanto de la resolución”, afirmó la dirigente y le exigió al Presidente que cumpla con tal petición y la de otros organismos internacionales. Señaló también que el responsable de su detención es Morales por “no haber transado con él”  y que en Jujuy no existe oposición.

El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas había determinado la semana anterior que hubo un entramado de ‘acusaciones consecutivas’ e inicio de causas judiciales para sostener su privación de libertad en tiempo indefinido. “En este caso se está vulnerando la independencia judicial”, señaló un comunicado divulgado por las organizaciones Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), y Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes) en el que se requirieron explicaciones al Gobierno nacional, fundamentando su resolución en tres puntos centrales: A Sala “se le obstaculizó el derecho a la defensa jurídica”; las acciones legales y procesales “se aceleraron a partir de la protesta social iniciada en el mes de diciembre” y se vulneró el “fuero parlamentario” ya que la detención “no fue ordenada por autoridad judicial competente” o a través de los mecanismos de juicio político en la Argentina. El Estado argentino tiene la responsabilidad de cumplir con las medidas determinadas por el Grupo de Trabajo, para el cual cuenta con seis meses. Además, el Grupo de Trabajo reconoció el derecho de Sala de pedir una resarcimiento o compensación por haber estado detenida de manera “arbitraria”.

En junio, coincidente con el encuentro nacional de los Comité (por la Liberación de Milagro Sala) en todo el país, la dirigente de Tupac Amaru, en una entrevista con la periodista Cynthia García desde la cárcel (para el diario CTA de los trabajadores), dio testimonio de lo que estaba ocurriendo en su lugar. Afirmó que en Jujuy había un grado muy elevado de desocupación y que la provincia parecía un lugar militarizado, ya que les “daban una paliza” y detenían a “los compañeros que por ahí andan en la calle con la remera de la Tupac”. Sostuvo que “la película” creada de su persona como corrupta y delincuente, era en pos de ocultar la desocupación presente en su lugar. Además, mencionó que existen persecuciones y amenazas hacia las familias de los compañeros de la organización.

Sala argumentó que era una presa política porque sintió que estaba inmersa en una situación de persecución constante: afirmó que querían callarla y se opuso aseverando que podrían tenerla presa, pero que no se silenciaría.

Además, denunció la situación deplorable que estaba transitando en la celda. Señaló que compartía el pabellón con siete mujeres; que habían “celdas castigo” donde hacía un frio impresionante y que parte del techo estaba rajado. La cama era de hierro en la cual colocaban el colchón, se transpiraba mucho y se mojaba. Milagro repudió el accionar de los Derechos Humanos por haber puesto agua caliente, colchones, frazadas y haber arreglado los baños para sacarles fotos que se viralizaron en todos los medios nacionales, tergiversando los hechos bajo la responsabilidad del gobernador Gerardo Morales.

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