Ley de Libertad de Expresión en Buenos Aires: cuestionamientos de la Asociación por los Derechos Civiles

La Asociación por los Derechos Civiles (ADC) se pronunció en relación al proyecto de ley sobre Defensa de la Libertad de Expresión en la Ciudad de Buenos Aires. Señala que la iniciativa recoge gran parte del contenido incluido en un decreto de necesidad y urgencia emitido por el gobierno porteño a mediados de mes, e incorpora algunas modificaciones. La posición de ADC es anterior al tratamiento del proyecto en la Legislatura porteña.
La información expresa:

(Buenos Aires, 29 de mayo de 2013) – Desde la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) observamos que, a pesar de algunas mejoras introducidas, la iniciativa repite algunos de los problemas que ya habíamos señalado acerca del DNU, cuyo análisis adjuntamos.

En líneas generales, consideramos que el régimen legal establecido es en varios de sus primeros puntos redundante, por reiterar garantías ya establecidas en textos normativos de mayor jerarquía, como los tratados internacionales de derechos humanos, la Constitución Nacional y la propia Constitución de la Ciudad. Esto no significaría un problema en sí mismo. Sin embargo, algunos de estos artículos incluyen precisiones que sí resultan problemáticas o, directamente, violan los principios normativos enunciados. Asimismo, el régimen legal generaría un conflicto de competencias entre la Ciudad y el gobierno federal, algo que en ocasiones surge de manera indirecta del decreto y de manera directa en otras, como cuando avanza sobre normativa que es claramente federal.

Adjuntamos nuevamente el análisis que hicimos acerca del contenido del decreto (ya que algunos de los problemas se reiteran en este proyecto de ley) y resumimos algunos de los principales puntos que consideramos todavía deberían revisarse:

1. En la reiteración de principios y garantías contenidos en la Constitución y los tratados internacionales de los primeros artículos observamos algunos problemas. La amplia redacción del artículo 8 no parece ajustarse a las restricciones impuestas por los artículos 13.5 de la Convención Americana y 20.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que exigen, respectivamente, para poder sancionar el discurso racista, que aquél constituya una incitación “a la violencia” o una “incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia”. En consecuencia, pareciera haber una interpretación amplia de una restricción a un derecho constitucional, lo que es problemático toda vez que las restricciones a los derechos deben ser interpretadas de manerarestrictiva. Algo parecido ocurre con el artículo 6, en el que se habilita la posibilidad de prohibir contenido a posteriori, una posibilidad que no está reconocida en esos términos en ningún texto normativo internacional ni en las interpretaciones judiciales sobre la libertad de expresión que rigen en nuestro país. En el artículo 12 se equipara inadecuadamente la prohibición de controlar oficialmente o intervenir en los contenidos de los medios, con el legítimo establecimiento de ciertas condiciones en las grillas de los operadores por cable.

2. Se mantienen algunos conflictos de competencia. Por caso, la iniciativa parece desconocer la aplicación local de normativa que es claramente federal en función de la materia que trata (por ejemplo, entre otras, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual). Otro ejemplo: los artículos que regulan cuestiones de expropiación, confiscaciones, ejecuciones, sanciones o multas administrativas o de origen tributario colisiona con competencias ejercidas por el Estado Federal.

3. La iniciativa insiste en considerar que el término “ninguna autoridad pública” deberá ser considerado “en el sentido más amplio”, e incluyendo “a todas las autoridades administrativas y públicas de la Ciudad y de cualquier otra jurisdicción”. Ello sugiere que todas las disposiciones que contiene la norma se podrían oponer a cualquier autoridad pública de cualquier jurisdicción. Sin embargo, como ya dijimos, una autoridad local no puede restringir o coartar el legítimo ejercicio de las facultades asignadas a autoridades de otra jurisdicción. El gobierno local simplemente carece de facultades para afectar la distribución de competencias que realiza, en este caso, la Constitución Nacional. Cualquier intento normativo en este sentido puede resultar violatorio de los artículos 31, 121 y 126 de la Constitución Nacional. Sin embargo, esas disposiciones sí pueden oponerse a las propias autoridades locales.

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