Mendoza no cumple con el fallo de aborto no punible

 

Al cumplirse hoy un año del fallo de la Corte Suprema sobre aborto no punible la Asociación por los Derechos Civiles (ADC)  ofrece un balance del cumplimiento a nivel nacional de esta sentencia. De las 24 provincias y el gobierno nacional, solo cinco se ajustan a lo establecido por la Corte. Ocho jurisdicciones establecieron exigencias que podrían dificultar el acceso a los abortos no punibles. Once provincias y el gobierno nacional siguen sin cumplir el fallo.

(Buenos Aires, 13 de marzo de 2013)– La Asociación por los Derechos Civiles (ADC) realizó un relevamiento de la aplicación del fallo “FAL” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 13 de marzo de 2012 sobre el alcance del aborto no punible. Por tratarse de las herramientas legales más importantes para el acceso efectivo a la interrupción del embarazo en los casos previstos por la ley, el informe de la ADC se concentra en las sanciones de los protocolos para la atención hospitalaria de dichos casos, analizando tanto sus aspectos favorables como perjudiciales para el acceso efectivo al aborto no punible. También describe las acciones judiciales que se iniciaron en diversas jurisdicciones para atacar o defender las citadas normativas. Este informe es parte de un monitoreo periódico realizado por ADC a partir del dictado del fallo.
 
En su sentencia de marzo de 2012, la Corte Suprema estableció que el aborto no es punible –es decir, no puede ser considerado un delito- cuando el embarazo es consecuencia de una relación sexual que no fue consentida. Además, el Máximo Tribunal afirmó que en estos casos no se requiere autorización judicial ni denuncia policial para acceder a la interrupción del embarazo. Finalmente, la Corte exhortó al Estado Nacional y a los Estados Provinciales a que sancionen protocolos que regulen el efectivo acceso a los abortos no punibles.
 
El panorama que muestra la ADC en su informe es el siguiente:
 
  • Las jurisdicciones cuyos protocolos de atención se ajustan más cabalmente a lo dispuesto por la Corte son Chaco, Chubut, Jujuy, Santa Fe y Tierra del Fuego, cada una con sus particularidades, las que están detalladas en el informe.
  • Entre las jurisdicciones que no cumplieron aun –ni siquiera parcialmente- con la exhortación de la Corte se encuentra el Estado Nacional, así como Catamarca, Corrientes, Formosa, La Rioja, Mendoza, Misiones, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero y Tucumán. En el informe se describen algunos intentos por avanzar en su reglamentación.
  • Por su parte, Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Neuquén, Provincia de Buenos Aires, Río Negro y Salta obedecieron sólo en forma parcial la exhortación de la Corte y lo hicieron en diferentes grados. El informe analiza los obstáculos identificados en cada jurisdicción.
  • En tanto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Salta y Santa Fe se interpusieron acciones judiciales a favor y en contra de la implementación efectiva de los protocolos vigentes. Todas ellas están con el proceso judicial en curso, y en varios la ADC se presentó como amicus curiae.
 
Si bien la existencia de protocolos de atención no es un requisito obligatorio para el acceso al aborto no punible, en muchas jurisdicciones la falta de los mismos dio lugar al freno sistemático de la práctica. Esto indica que, aunque la mera sanción de protocolos de atención no asegura por si sola el acceso a los abortos permitidos, sí implica en muchos casos un paso normativo importante para que se acceda al servicio. La ADC considera que “la falta de cumplimiento adecuado de la sentencia en más de una docena de provincias genera una situación de extrema desigualdad. Mientras que las mujeres santafecinas o chaqueñas, por ejemplo, pueden interrumpir un embarazo producto de una violación, las de la provincias de Buenos Aires, Santa Cruz, San Luis o Tucumán no cuentan con dicha posibilidad”.
 
José Miguel Onaindia, Presidente de la ADC, expresó que “A un año del dictado del fallo de la Corte, el Estado Nacional y numerosas provincias incumplen su contenido. Esta situación impide el ejercicio pleno de un derecho amparado en la ley y en la interpretación judicial del máximo tribunal de la Nación. Este incumplimiento afecta el ejercicio de derechos humanos esenciales y agrede la calidad institucional de nuestra comunidad, pues es el Estado el que no acata el ordenamiento jurídico al que está subordinado”.
 
En este contexto, es preciso resaltar el absoluto y grave incumplimiento del Poder Ejecutivo nacional de lo dispuesto por el tribunal. El Ministerio de Salud de la Nación aún no le ha dado rango de resolución ministerial a la Guía Técnica de Atención Integral de Abortos No Punibles, paso ineludible para que dicho instrumento tenga el efecto legal necesario para garantizar el acceso efectivo a la interrupción del embarazo en la forma y casos previstos por el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
 
A esto debe sumarse la falta de liderazgo del Ministerio de Salud de la Nación, máximo responsable de la política sanitaria de nuestro país, que ni siquiera se pronunció sobre el tema ni convocó a una reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA) para acordar con los ministros de salud provinciales la adopción de las medidas necesarias para una adecuada atención de los abortos no punibles. Vale mencionar que el Ministro de Salud tampoco respondió a los pedidos de reunión que se le hicieron oportunamente desde algunos sectores de la sociedad civil para tratar este tema.
 
Como conclusión, a un año del fallo de la Corte, si bien el escenario actual es más promisorio que el que la ADC relevó el año pasado, la mitad del país aún permanece sin normativa específica que asegure un derecho que las mujeres tienen desde 1921.
 
 
 
 

 

 
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