Impenetrable: impiden desmontes

El Impenetrable, región chaqueña que abarca 4 millones de hectáreas de bosques nativos, se encuentra en serio peligro, paradójicamente estos bosques se encuentran protegidos por la Ley de Bosques. Las topadoras continúan desmontando sus últimos bosques para aumentar la superficie destinada a la ganadería intensiva.
La entidad ecologista internacional Greenpeace está frenando el ingreso de las máquinas a la zona y continúa con su tarea de concientización sobre el tema

En una última información suministrada a CTMG, Greenpeace señala: “Esta región está protegida por la Ley de Bosques. Sin embargo, el gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, está autorizando desmontes. La semana pasada logramos bloquear una topadora que estaba deforestando y días después pudimos inhabilitar una más que viajaba en un camión para hacer un nuevo desmonte. Hoy hay dos topadoras menos destruyendo El Impenetrable y no nos vamos a detener hasta que no quede ninguna en pie “, cuenta Manuela activista de Greenpeace.

Estos bosques nativos ocupan 4 millones de hectáreas de bosques nativos y son de una belleza única. En ellos viven más de 60.000 campesinos e indígenas como los wichís y tobas, que necesitan la vegetación como fuente de alimento y medicinas.
La Secretaría de Ambiente de la Nación parece darle la razón a los activistas, asegura Greenpeace. El último informe del organismo estatal sobre desertificación reveló que, en las últimas décadas, la Argentina perdió el 70 por ciento de sus bosques y denunció que cada año se destruyen 30.000 hectáreas.
En todo el Chaco hay 1,6 millón de hectáreas fiscales, de las cuales 1.450.000 están en los departamentos de Güemes y Almirante Brown, zona de El Impenetrable.

Las tierras fiscales, muchas veces son propiedad ancestral de los pueblos originarios, son vendidas por el Instituto de Colonización. El instituto sólo puede ofrecer tierras a productores agropecuarios locales e hijos de productores, maestros y también a personas o profesionales relacionados con el sector agrícola con más de cinco años de residencia en el lugar. Pero éstos suelen ser testaferros de empresarios con sedes en Córdoba y Santa Fe, que pagan desde 18 pesos la hectárea, según explican las organizaciones.
Eduardo Rodríguez (CTMG)
Foto: Gentileza Greenpeace

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